En el mundo actual, el acceso a Internet es vital para la plena realización de los derechos, resultando prácticamente indispensable para ejercitar los de asociación y participación, así como para acceder al trabajo y al descanso. Es por ello que algunos sectores doctrinales del Derecho Constitucional se plantean asumir el acceso a Internet como parte integrante del derecho fundamental a comunicar y recibir libremente información, si bien consideran que convendría reforzarlo a través de su desarrollo por una ley orgánica. Vinculado a lo anterior surge, como la otra cara de la moneda, el derecho a la desconexión digital que ya recoge la legislación positiva española. Los trabajadores, en su virtud, pueden no conectarse a Internet para cuestiones laborales fuera de su horario de trabajo, pudiendo disociarse de la conexión por motivos meramente lúdicos o de otra naturaleza.