La cuestión acerca de la posibilidad de impulsar los sistemas alternativos de resolución de controversias en el marco administrativo es un asunto que no acaba de acogerse con pleno interés por la parte de la doctrina científica y, menos si cabe, por el legislador, consciente que abordar esta figura supone, en cierta medida, transformar el ADN del funcionamiento de la Administración tal y como la conocemos. Pero, a día de hoy, no cabe duda de que el sistema tradicional de recursos administrativos no acaba de satisfacer la siempre anhelada reducción de la litigiosidad en el ámbito contencioso-administrativo. La solución pasa, necesariamente, por la implementación de medidas complementarias para la resolución de controversias que hagan de la sede administrativa el perfecto momento y lugar donde puedan resolverse las discrepancias entre la Administración y los administrados, dejando como verdadera última ratio el acceso a la jurisdicción.
