El Ministerio de Justicia está impulsando importantes iniciativas de reforma legislativa con el fin último de reforzar la seguridad jurídica de nuestro ordenamiento y, con ello, el mejor funcionamiento de nuestra economía. El objetivo de todas las propuestas es la modernización de la Administración de Justicia y la garantía de la unidad de mercado, que se conseguirán a través de importantes reformas que afectarán de modo sustancial al ordenamiento jurídico español. Entre estas reformas se encuentran: (i) la adaptación del Derecho español a los nuevos reglamentos europeos en diversas materias, como las compraventas transfronterizas de consumidores y pymes, la protección de datos de carácter personal, la revisión del Reglamento «Bruselas I» y la propuesta de creación de la orden europea de retención de cuentas para simplificar el cobro transfronterizo de deudas en materia civil y mercantil; (ii) la creación de un nuevo Código Mercantil que sistematice diversas leyes especiales mercantiles y regule por primera vez con rango de ley numerosas modalidades contractuales; (iii) la regulación reglamentaria del seguro de responsabilidad civil y la garantía equivalente de los administradores concursales; (iv) la futura ley de navegación marítima, que aglutinará aspectos privados de la navegación con otros de Derecho público; (v) la nueva regulación penal de los delitos económicos, en especial las insolvencias punibles, la administración desleal y los delitos contra la propiedad industrial; y (vi) la reducción de la litigiosidad de nuestros tribunales en un entorno de crisis económica, a través de la aplicación de la nueva Ley de Mediación en Asuntos Civiles y Mercantiles.
